A partir de la próxima semana, más de 40.000 empleados públicos de planta transitoria, contratados y monotributistas con contrato hasta fin de año, deberán rendir un examen obligatorio de «idoneidad», el cual podrán presentar hasta tres veces. Aunque el Gobierno insiste en que esta evaluación no tiene como objetivo ser un filtro, sino un requisito, los trabajadores deberán obtener el certificado de idoneidad para renovar sus contratos.
Este examen también estará disponible para aquellos interesados en trabajar en el sector público, aunque aprobarlo no garantiza un empleo en la Administración Pública. Los que lo aprueben recibirán un certificado que podrán presentar en futuros concursos laborales o cuando surjan vacantes.
El examen es parte de un proceso liderado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, como parte de su plan conocido como “deep motosierra”. El ministerio ha creado el Sistema de Evaluación Pública (SEP), que regulará la Evaluación General de Conocimientos y Competencias. Los aspirantes podrán consultar una guía con modelos de preguntas en el sitio web del SEP.
La evaluación se llevará a cabo en varias etapas, comenzando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y extendiéndose hasta enero. Los sindicatos han criticado la medida; Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), calificó los exámenes como un intento de “estigmatizar y despedir de manera ilegal” a los trabajadores.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, se han eliminado 30.936 puestos de trabajo en el sector público, según datos del INDEC, afectando principalmente a organismos como la administración central, el Correo Oficial, ANSES, CONICET y AYSA.
Detalles del examen
Los empleados públicos deberán sacar turno a través de una página web y presentarse en una sede asignada, donde se les proporcionará una laptop o tablet para ingresar un código secreto recibido al momento de la inscripción. El examen constará de entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple que deberán responder en una hora. La calificación se dará al instante.
Habrá dos tipos de exámenes: uno para administrativos y otro para profesionales. En general, se evaluará la comprensión lectora y el razonamiento matemático, y los profesionales serán evaluados en temas relacionados con la administración pública, como la Constitución Nacional, la Ley de Ética Pública y el Código Electoral.
El Gobierno ha asegurado que la evaluación no tiene como fin el despido de empleados, sino que busca garantizar que las personas que accedan a la administración pública sean competentes y hábiles para el trabajo.
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